Caen alcaldes procesados por la Justicia
A menos de dos semanas de iniciada la nueva gestión municipal, los alcaldes de Quillacollo y Punata tuvieron que abandonar sus cargos para enfrentar procesos judiciales. Ayer viernes 18 suspendieron al alcalde electo de Sucre Jaime Barrón, acusado formalmente de organizar y alentar a la turba que torturó y humilló a más de 20 de campesinos en mayo de 2008. El próximo en caer sería el alcalde de Potosí René Joaquino. El Directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se reunirá el 22 de junio para analizar las suspensiones impulsadas por concejales del Movimiento al Socialismo (MAS).Ley de Municipalidades en vigencia establece que todo alcalde y concejal que tenga en su contra un auto de procesamiento ejecutoriado "será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones (…) durante toda la sustanciación del proceso para asumir su defensa…”. La norma añade que el suspendido será restituido en sus funciones si la sentencia lo absuelve o lo declara inocente.
Los concejales del MAS comenzaron a aplicar esa norma en varios municipios del país. En Punata, el alcalde electo Víctor Balderrama solicitó la licencia indefinida, mientras que el de Quillacollo Héctor Cartagena presentó renuncia irrevocable. Acusan a Balderrama de violación y a Cartagena de supuesta malversación de recursos.
Este viernes, los concejales del MAS suspendieron al alcalde electo de Sucre Jaime Barrón y eligieron como alcaldesa interina a la concejala masista Verónica Berríos. "Esta es una toma ilegal, un golpe de Estado", denunció la concejala opositora Lourdes Millares, mientras en la calle los partidarios de Barrón y efectivos de la Policía protagonizaban violentos enfrentamientos que terminaron con saldo parcial de al menos cinco heridos.
El próximo en caer sería alcalde de Potosí René Joaquino de AS, procesado por la compra de vehículos usados. Al momento se debaten cuatro posibles suspensiones, la del alcalde y de tres concejales, en dos comisiones del Concejo Municipal potosino. Joaquino enfrenta un proceso penal iniciado por Cecilio Marcos Vaquera Tacuri por la expropiación de terrenos para la construcción de un coliseo. Vaquera le acusa de despojo, estelionato y resoluciones contrarias de la constitución y leyes y pide su “suspensión temporal del ejercicio de funciones de Alcalde y de Concejal”.
También existiría una presunta sentencia penal en contra del vicepresidente del Concejo Iver Clive Córdova. En un tercer documento se solicita la suspensión de la concejala Virginia Vela de AS, por lesiones graves y gravísimas, interpuesto por Amalia Teresa German García de Ayllón. Además hay un cuarto proceso contra un concejal suplente de AS que no fue identificado.
El Directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se reunirá el 22 de junio en La Paz para analizar las suspensiones de alcaldes acusados por un fiscal. Merecerá especial atención la destitución de Barrón, dijo el presidente interino de la FAM el alcalde paceño Luis Revilla.
Revilla reconoció que efectivamente el artículo 48 de la Ley de Municipalidades establece un procedimiento para el procesamiento de autoridades ediles, pero observó el efecto negativo de la consecuente inestabilidad política. “Un cambio de alcalde a días de ser posesionado sin duda tendrá efectos en la Programación Operativa Anual", dijo.
La FAM ya planteó la necesidad de ajustar la Ley de Municipalidades en lo referido a la suspensión de alcaldes acusados por un fiscal, y alertó que ahora cualquier autoridad edil puede ser suspendida si es acusada formalmente, incluso por delitos o faltas de orden privado que no tienen nada que ver con la función pública.
Según Revilla, es preciso concordar esa Ley con la nueva Constitución y las nuevas leyes judiciales. Comentó que se presenta una contradicción sui generis en el municipio de Sucre, tomando en cuenta que el alcalde que está siendo investigado tuvo un apoyo importante y mayoritario de la gente en las elecciones.
Los alcaldes electos que podrían ser suspendidos por una acusación formal comenzaron a plantear recursos legales para defenderse. Barrón dijo que presentará un recurso incidental ante el Tribunal Constitucional para evitar su suspensión. El abogado cruceño Yanco Terceros comentó que, como cualquier ciudadano que sienta que sus derechos ha sido vulnerados, el alcalde acusado puede presentar un Amparo Constitucional.
Una de las principales objeciones al artículo 48 de la Ley de Municipalidades es que “la suspensión de un alcalde se la puede realizar por delito público o privado, y con acusación formal, entonces ahí establece que para que la autoridad asuma sus defensa se aplica la suspensión temporal", explicó el abogado municipalista Ricardo Montecinos.
Además, la suspensión por la sola acusación contradice el principio constitucional de presunción de inocencia (Art. 116 de la CPE), opina Montecinos. Dicho artículo señala que "en caso de duda sobre la norma aplicable" contra el acusado, "regirá la más favorable al imputado o procesado". Ambos abogados municipalistas coincidieron en que de aplicarse la suspensión a una autoridad municipal, ésta podría prolongarse de un mes a un año o más, dependiendo del tiempo que dure el proceso desde la acusación formal.
A menos de dos semanas de iniciada la nueva gestión municipal, los alcaldes de Quillacollo y Punata tuvieron que abandonar sus cargos para enfrentar procesos judiciales. Ayer viernes 18 suspendieron al alcalde electo de Sucre Jaime Barrón, acusado formalmente de organizar y alentar a la turba que torturó y humilló a más de 20 de campesinos en mayo de 2008. El próximo en caer sería el alcalde de Potosí René Joaquino. El Directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) se reunirá el 22 de junio para analizar las suspensiones impulsadas por concejales del Movimiento al Socialismo (MAS).